Desde la contratación pública hasta los residuos electrónicos, los análisis proponen una responsabilidad de los productores basada en el ciclo de vida, pasaportes digitales y criterios comunes para determinar el fin de la condición de residuo.

La cuestión central no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en conseguir que trasciendan los proyectos individuales y se apliquen a mayor escala. Según la Comisión Europea, los informes identifican barreras y factores de éxito para extender las soluciones circulares entre regiones, más allá de las fronteras nacionales y dentro de los principales sectores y flujos de materiales. Las conclusiones recopiladas contribuirán a preparar la próxima Ley de Economía Circular.

El trabajo se basa en los resultados de proyectos europeos de investigación e innovación financiados mediante Horizonte Europa. Los expertos examinaron carteras de iniciativas ya probadas sobre el terreno con el objetivo de convertir las evidencias operativas en recomendaciones útiles para construir el nuevo marco europeo. Sin embargo, la fuente no indica cuántos proyectos se analizaron, cuál fue su valor financiero total ni qué territorios obtuvieron los resultados más significativos.

El primer obstáculo señalado es la fragmentación normativa. Las soluciones que funcionan en un contexto determinado pueden encontrarse con condiciones diferentes al trasladarse a otra región o cruzar una frontera. A esta falta de homogeneidad se suma una coordinación transnacional insuficiente, que los informes identifican como uno de los límites para el crecimiento de modelos capaces de operar en varios mercados.

Otro problema está relacionado con los datos. Los análisis mencionan una interoperabilidad limitada, es decir, la dificultad de los distintos sistemas para intercambiar y utilizar información de manera coherente. En una economía basada en la recuperación de materiales y la trazabilidad de los productos, este problema afecta directamente a la posibilidad de reconstruir el origen, la composición y el destino de los recursos a lo largo de las cadenas productivas.

Entre los instrumentos propuestos figuran los pasaportes digitales de producto. Según la Comisión, su implantación es uno de los elementos importantes para impulsar la transición circular. En el texto disponible, los informes no ofrecen plazos de introducción, requisitos técnicos ni estimaciones de los costes para las empresas. Por tanto, todavía debe definirse cómo aplicar esta herramienta de manera uniforme en los diferentes sectores y territorios.

Un capítulo específico está dedicado a la responsabilidad ampliada del productor, conocida como EPR. La recomendación surgida de los proyectos consiste en crear sistemas basados en todo el ciclo de vida. Este enfoque desplaza la atención desde el tratamiento final del residuo hacia las diferentes etapas por las que pasa el producto, vinculando diseño, utilización, recogida y recuperación. La fuente no especifica qué mecanismos económicos u obligaciones normativas deberían acompañar a este modelo.

La contratación pública también forma parte de la estrategia. Una de las publicaciones aborda específicamente las compras públicas circulares y los informes recomiendan utilizar instrumentos de contratación. De este modo, el sector público puede convertirse en un canal para aplicar las soluciones desarrolladas en los proyectos europeos. Sin embargo, el material divulgado no cuantifica el volumen de las compras afectadas ni el impacto previsto sobre la demanda de productos reciclados o diseñados para su reutilización.

Otra área se refiere al contenido reciclado y de origen biológico, así como a los criterios que determinan cuándo un material deja de estar clasificado como residuo. Los expertos proponen criterios armonizados para el fin de la condición de residuo. Un marco común puede favorecer la circulación de los materiales recuperados entre distintos mercados y abordar la fragmentación señalada como una de las principales barreras.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la recuperación de materias primas críticas constituyen otra línea de trabajo. En este ámbito, los informes destacan el desarrollo de cadenas inversas integradas, necesarias para devolver los productos y materiales desde la fase de uso hasta su recogida, tratamiento y recuperación. Esta integración debe superar las limitaciones territoriales y organizativas que actualmente frenan la expansión de las soluciones circulares.

Por último, los análisis prestan atención a las iniciativas regionales y transnacionales. La Comisión señala que las políticas circulares deben estar arraigadas en los territorios, mientras que la coordinación debe permitir que las soluciones funcionen también más allá del ámbito local. Se trata de un equilibrio decisivo: adaptar las intervenciones a las condiciones concretas sin multiplicar normas incompatibles que dificulten operar a escala europea.

Las recomendaciones se incorporarán al proceso de elaboración de la Ley de Economía Circular y aspiran a impulsar una transición que la Comisión define como concreta, coherente y sistémica. El contenido publicado no incluye una fecha para la aprobación de la ley, objetivos cuantitativos ni una evaluación de costes. Estos elementos, junto con la conversión de las propuestas en normas comunes, serán los que aclaren el verdadero alcance industrial y comercial de la iniciativa.