Dos sentencias recientes han declarado improcedente el despido por causa objetiva justificada —en concreto, por una crisis económica— porque las empresas no acreditaron la imposibilidad de recolocar a los trabajadores. La legislación exige que, antes de proceder al despido, la empresa compruebe si el empleado puede ser destinado a otro puesto disponible dentro de la organización. Esta obligación, conocida como «repêchage», protege al trabajador y obliga al empleador a demostrar que no existían alternativas viables al cese.