Sin ánimo de ofender, los informes anuales del INPS son como el cerdo, ese noble y generoso animal del que no se desperdicia nada, y no solo por razones alimentarias. Los pueblos que lo consideran un animal impuro no saben lo que se pierden.

Acaba de presentarse el XXV Informe, que ya hemos analizado en esta sección. A diferencia de la etapa de Pasquale Tridico, cuando los informes llegaban a plantear posibles intervenciones legislativas, la dirección de Gabriele Fava no pretende sobrepasar los límites propios de una entidad de previsión social frente a las competencias de la política y las instituciones. Es una práctica correcta, aunque corre el riesgo de mantenerse al margen del debate sobre las pensiones que comenzará dentro de unas semanas, de cara a la tramitación presupuestaria.

Sabemos bien qué nos espera cuando se aborde la ley de presupuestos. En materia de pensiones, el debate se reanudará en el mismo punto en el que terminó el año anterior, con un enfrentamiento no solo entre la mayoría y la oposición, sino también dentro de la propia mayoría, en torno a una norma decisiva: la actualización automática cada dos años de los requisitos de jubilación conforme al aumento de la esperanza de vida.

Esta disposición será objeto de una maniobra transversal, tanto de cara al futuro como en relación con las medidas ya aprobadas para 2027 y 2028 mediante un acuerdo que costó cerca de 1.000 millones de euros en menores ingresos. Es probable que la ofensiva se concentre precisamente en esas medidas —el fraccionamiento de un aumento de tres meses en los requisitos—, porque en 2027 habrá elecciones. Pero es lo que hay.

El informe plantea un análisis equilibrado del que también podrían extraerse recomendaciones útiles. En términos generales, la adaptación a la esperanza de vida sigue siendo una responsabilidad entre generaciones.